El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) avanzaron esta semana hacia un acuerdo de recomposición salarial y refuerzo presupuestario para las universidades públicas, aunque el entendimiento económico no cierra la disputa de fondo: los rectores mantienen la demanda judicial ante la Corte Suprema y los docentes tienen previsto un paro de cinco días para la semana del 16 al 20 de junio.

La propuesta contempla un incremento de la masa salarial del 24,33%, distribuido en dos tramos: una suba del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre. La actualización incluye la recomposición del desfasaje de 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una mejora adicional del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo.

Las negociaciones arrancaron hace dos semanas. Del lado oficial, el encargado de llevarlas adelante es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras que las universidades están representadas por Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y titular del CIN. También participa Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del organismo.

Además del capítulo salarial, el borrador prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento desde junio de 2026, un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano. Otro punto incluido es la convocatoria periódica a paritarias para docentes y no docentes, con una frecuencia máxima de tres meses, uno de los principales reclamos gremiales.

El acuerdo, sin embargo, tiene un límite claro. Desde las universidades aclararon que el entendimiento no implica retirar la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema. La causa tiene una medida cautelar favorable a las casas de estudio, ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La Corte no tiene plazo para pronunciarse.

Casa Rosada solicitó a las universidades que retiraran el litigio como condición del acuerdo, pero las autoridades académicas rechazaron ese planteo. Los rectores ofrecieron, en cambio, presentar un acta informando a la Justicia que las partes avanzan en un entendimiento, sin desistir del reclamo por la aplicación de la ley vigente.

El trasfondo es una disputa sobre la constitucionalidad de la norma. El Gobierno cuestiona la Ley de Financiamiento Universitario porque, según argumenta, no identifica una fuente específica de financiamiento, lo que colisionaría con la normativa de administración financiera. En Balcarce 50 advierten que un eventual fallo adverso de la Corte se daría en un contexto de ajuste fiscal y de intención de sostener el superávit.

Con ese horizonte, el Ejecutivo planea impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario durante el tratamiento del Presupuesto 2027, tal como intentó hacerlo —sin éxito— en la discusión de las partidas de 2026. La lógica oficial es incorporar el costo del sistema universitario dentro del cálculo general de recursos y gastos del Estado, en lugar de tramitarlo por una ley específica.

Del lado sindical, la desconfianza no cede. Conadu sostuvo que la resolución del conflicto debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la ley, y que cualquier oferta será sometida a consulta del conjunto de la docencia antes de ser aceptada. El sindicato confirmó además un paro de actividades del 16 al 20 de junio, que incluirá clases públicas y movilizaciones en distintas ciudades del país.

La presión también se ejerce frente a la Corte. La Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar una resolución favorable. "Estamos frente a la Corte Suprema para pedirles a sus tres integrantes que estén a la altura de la historia. Los tres jueces son profesores universitarios y conocen de primera mano la importancia de la universidad pública", dijo el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho.

El acuerdo económico, si se firma, puede aliviar la tensión más inmediata. Pero mientras la Corte no se expida y el Gobierno insista en reemplazar la ley vigente, el conflicto universitario tendrá más capítulos por delante.