Detrás de esos números hay una cadena de decisiones del gobierno de Javier Milei que, según las propias calificadoras, modificó de manera estructural el perfil de crédito de la Argentina.

El primer gran catalizador llegó en mayo, cuando Fitch Ratings elevó la nota soberana de CCC+ a B-. Lo hizo en términos explícitos: la medida, señaló la agencia, "refleja una mejora estructural de los balances fiscales y externos, los avances en las reformas económicas, las mejores perspectivas de acumulación de reservas de divisas" y la expectativa de que el gobierno consiga financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda. Cinco semanas después, S&P Global repitió el movimiento en idéntica dirección y con argumentos similares: "La austeridad fiscal, junto con otras medidas, ha mejorado el acceso del Gobierno al financiamiento voluntario en los mercados de capitales, así como a los préstamos de organismos oficiales, para afrontar las importantes necesidades de servicio de deuda comercial en moneda extranjera durante 2026 y 2027".

Con ambas agencias en B-, Argentina cruzó un umbral técnico de primer orden. Esa doble calificación destraba restricciones para fondos institucionales que solo pueden invertir en países con al menos una nota B- de dos calificadoras, lo que amplía de forma concreta el universo de compradores potenciales de deuda soberana argentina.

El impacto en el mercado fue directo. Los bonos Globales rindieron entre 6% y 7% en dólares solo en junio, liderados por el tramo largo de la curva, con algunos títulos anotando avances superiores al 6%. En la primera mitad del año, los bonos en CER lideraron los retornos en pesos con ganancias de hasta 25%. El riesgo país pasó de 571 puntos básicos a comienzos de enero a 426 al cierre de junio.

Fitch enumeró las razones concretas de su decisión y todas remiten a medidas del Gobierno: el superávit primario sostenido, la reforma laboral aprobada por el Congreso, los cambios en la Ley de Glaciares que flexibilizaron las restricciones a la minería, el presupuesto 2026 con ancla fiscal, el proceso de desregulación económica y el RIGI como instrumento para atraer inversión privada en energía y minería. Sobre este último punto, S&P fue específica: estimó que el sector energético, impulsado por Vaca Muerta, podría generar un superávit comercial de alrededor de US$10.000 millones en 2026, más del doble de los US$5.900 millones de 2024. El superávit comercial del primer trimestre ya había alcanzado un récord de US$5.500 millones, contra US$1.100 millones del mismo período del año anterior.

Ramiro Blázquez, estratega de StoneX, lo resumió en términos de mercado: "La mejora se produce en un contexto donde la calificación de Argentina se encontraba desalineada respecto de otros países que ya se encuentran en categoría B. El superávit primario, la desaceleración de la inflación y el bajo nivel de endeudamiento externo justifican la decisión". S&P proyectó que la economía crecerá 2,7% en 2026 y que la inflación promedio descenderá al 32%, desde el 42% de 2025.

Las acciones, en cambio, tuvieron un recorrido diferente. El S&P Merval cayó 4,4% en dólares en junio, golpeado por la decisión del MSCI de mantener a Argentina en la categoría Standalone —frustrando la expectativa de reclasificación a mercado de frontera— y por la suba del tipo de cambio, que presionó los retornos en moneda dura. En el acumulado semestral, el índice apenas ganó 0,8% en dólares. Los ADRs reflejaron la misma disparidad: YPF cayó 15,6% en el mes y Telecom retrocedió 12,9%, mientras que los bancos —BBVA subió 6,4%, Banco Macro 2,4%— fueron los únicos sectores en verde.

El dólar oficial subió 5,3% en junio y perforó los $1.500, la primera vez en el año en que la devaluación superó a la inflación del período, según el análisis de Puente Research. El BCRA intervino para moderar la presión, en un contexto de menor oferta de divisas de mineras y petroleras y de caída en los precios del Brent y la soja.

Tanto Fitch como S&P dejaron abierta la puerta a nuevas mejoras, pero condicionadas. Las variables que ambas agencias monitorean de cerca son la continuidad del superávit fiscal, la acumulación de reservas, la reducción de la inflación y la capacidad de refinanciar vencimientos en condiciones razonables. También advirtieron sobre los riesgos del ciclo político: el servicio de la deuda en moneda extranjera asciende a US$8.800 millones en 2026 y sube a US$9.800 millones en 2027, año electoral.

El segundo semestre arranca con bonos en niveles que no se veían hace ocho años y con un mercado que, por primera vez en mucho tiempo, tiene motivos concretos para prestar atención a Argentina. La pregunta que los analistas se hacen ahora es si el Gobierno puede sostener las condiciones que trajeron esos números hasta las urnas de 2027.