Mariano Ríos Artacho, exfiscal de Delitos Económicos de Rosario, reconoció en un juicio que utilizó fondos de cuentas judiciales para fines personales.

Durante su testimonio, Ríos Artacho admitió que su adicción al juego, que comenzó en 2013, lo llevó a malversar estos fondos. “Soy ludópata”, afirmó, visiblemente afectado, mientras pedía perdón a su familia. A pesar de su reconocimiento, el exfiscal se desvinculó de la acusación de haber formado parte de una asociación ilícita, alegando que fue él quien tomó las decisiones que involucraron a otros imputados. “Yo arrastré al resto”, expresó, intentando aclarar su rol dentro del esquema delictivo.

La Fiscalía sostiene que Ríos Artacho lideró una estructura que se aprovechó sistemáticamente de los recursos judiciales. Sin embargo, el exfiscal argumentó que actuó solo y que su gestión de los fondos fue consecuencia de su adicción. Esta discrepancia abre un debate en el juicio sobre la naturaleza de las acciones del acusado y el grado de responsabilidad de los otros involucrados en el caso.

Los fondos en cuestión estaban destinados a diversas causas judiciales, pero Ríos Artacho admitió haberlos manejado como si fueran propios. La suma total de $425 millones resalta la magnitud del desvío y la necesidad de revisar los controles internos en el sistema judicial.

Este escándalo se suma a otros casos de corrupción que han sacudido la confianza en las instituciones, como el caso Cuadernos, que investiga una amplia red de coimas en la obra pública. Aunque el exfiscal intentó distanciarse de la figura de una organización criminal, su testimonio resalta la preocupación por el uso indebido de fondos públicos y la falta de control sobre los recursos judiciales.

La situación plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial y la supervisión de las cuentas, así como la necesidad de implementar reformas que garanticen la integridad en la administración de justicia. La defensa de Ríos Artacho centrará su estrategia en demostrar que sus actos fueron impulsados por una adicción personal y no por un plan criminal organizado.

El juicio continúa, y la resolución final dependerá de la interpretación de las pruebas y testimonios presentados por ambas partes. Este caso, además de ser un reflejo de la corrupción, pone de manifiesto la complejidad de los problemas que enfrenta la justicia en Argentina.