Sin embargo, las negociaciones se trabaron en el punto que el Ejecutivo convirtió en condición excluyente: que los rectores retiren la demanda judicial que espera fallo de la Corte Suprema. Los rectores se negaron.

El encuentro lo encabezó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, junto a Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del organismo.

La propuesta oficial contempla un aumento salarial del 21,33% para el mes de junio y un 3% adicional en octubre, junto con el compromiso de no perder frente a la inflación durante el resto de 2026. El número apunta a recuperar alrededor de 4 puntos de atraso acumulado en 2024 y cerca de 12 puntos de 2025. El paquete también incluye un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento, un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano —sin cambios desde 2024— y $50.000 millones adicionales para los hospitales universitarios, que no están contemplados en el presupuesto vigente.

Desde el sector universitario reconocieron que los números son razonables. El problema es otro. "Sostenemos el mantenimiento de la acción judicial. No vamos a retirar la denuncia", afirmaron desde el CIN. Para los rectores, la cautelar no es una ficha de negociación sino un respaldo jurídico que no están dispuestos a resignar, en parte porque tampoco existe consenso interno en la comunidad universitaria para ese paso.

La demanda de las universidades obtuvo una cautelar favorable en primera instancia, ratificada en dos oportunidades. El Ejecutivo presentó luego un recurso extraordinario federal que fue aceptado, dejando la cautelar en suspenso. Ahora la decisión recae en la Corte Suprema, sin un plazo definido para expedirse.

El Gobierno considera que la Ley de Financiamiento Universitario es incompatible con la normativa de administración financiera, porque no especifica la fuente de los recursos. Por eso sostiene que la continuidad de la demanda judicial y un acuerdo económico de partes son excluyentes.

Los gremios también miran con desconfianza las tratativas. Desde Conadu advirtieron que, por ahora, todo es informal: "Tenemos que ser muy cuidadosos. El Gobierno tiene que convocar a paritarias, cosa que no sucede hace años". Los rectores, por su parte, sostienen que cualquier acuerdo salarial debe incluir la apertura de una instancia paritaria real con las organizaciones gremiales.

El conflicto tiene correlato en las calles. El martes 26 de mayo, centros de estudiantes de la UBA, gremios docentes y distintas organizaciones universitarias realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para exigirle a los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que se expidan sobre la cautelar. En los últimos días, estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini tomaron los establecimientos como medida de protesta.

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto universitario acumula una caída del 45,6% en términos reales desde 2023 y el presupuesto 2026 para la educación superior se ubica en su nivel más bajo desde 1989. Ese deterioro fue el combustible de cuatro marchas federales masivas en el último año y medio.

Las partes dicen querer un acuerdo. Lo que falta definir es si el Gobierno está dispuesto a ceder en la condición judicial o si los rectores encontrarán una fórmula que les permita avanzar sin resignar formalmente el reclamo ante la Corte. Hasta que ese nudo se desate, la negociación seguirá girando en el mismo lugar.